Adherimos a la declaración que reúne a distintos profesionales relacionados con el urbanismo y el ordenamiento territorial, en respuesta a las catástrofes recientes y durante los incendios sucedidos en enero y febrero de 2017.
SÍ SE PUEDE
Por un territorio seguro y sano para todos y todas.
Es indiscutible que nuestro país debe aprender a vivir con diversos riesgos naturales y antrópicos; así nos lo han demostrado con creces estos últimos años las marejadas, tsunamis, aluviones, inundaciones, contaminación, marea roja, erupciones de volcán, incendios y nuestra permanente actividad sísmica.
Que se comprometa la vida de las personas en cada uno de estos episodios es inaceptable. Por lo tanto, es urgente una acción integral y decidida en nuestro territorio, entenderlo como un bien común que debemos cuidar y preservar, ya que todos y todas tenemos el derecho a vivir en un entorno seguro y sano, el derecho a disfrutar de nuestro patrimonio natural y de sus recursos. Chile ha demostrado históricamente su voluntad y capacidad de reconstruirse y reformularse, protegiendo a su ciudadanía: podemos hacerlo.
En las últimas décadas, nuestras ciudades han crecido y las actividades humanas se han extendido por casi todo el territorio, todo ello sin contar con la suficiente anticipación, mediante planificación y prevención de los riesgos; es por ello por lo que, sabiendo dónde vivimos, creemos que:
1. Sí se puede realizar para el país un ordenamiento territorial sostenible social, ambiental y económicamente, con usos compatibles entre sí.
2. Sí se puede educar para desarrollar una conciencia y la responsabilidad para valorar y proteger a nuestra población y nuestro territorio.
3. Sí se puede incorporar integralmente en la planificación urbana y en todo asentamiento humano, las áreas de riesgo por amenazas de origen natural y antrópico, con normativa apropiada y programas de relocalización para las personas en peligro.
4. Sí se puede exigir que toda actividad en el territorio, incluyendo la económica, se desarrolle responsablemente y asuma debidamente sus impactos negativos, tanto sociales como ambientales.
5. Sí se puede exigir que toda actividad asuma íntegramente la Gestión de Riesgos de Desastres con planificación, prevención y mitigación.
6. Sí se puede contar con una institucionalidad y capacidades públicas para fiscalizar, coordinar e intervenir, a objeto de prevenir, evitar y dar respuesta inmediata y efectiva frente a desastres.
7. Sí se puede contar con programas y presupuesto permanentes para la recuperación y rehabilitación económica, ambiental, social y cultural, respetando el carácter e identidad original.
Nos reunimos para aportar a nueva cultura del riesgo
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Por un territorio seguro y sano para todos y todas.
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