Juego de postales para reflexionar sobre los principios, derechos, obligaciones y potestades necesarias para la nueva Constitución de Chile y cómo se resolverían nuestros conflictos urbanos y territoriales en un marco constitucional diferente.
Este material se ha realizado a partir de los contenidos presentes en las constituciones Iberoamericanas.
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Derecho a la no discriminación e igualdad de derechos a bienes y servicios
En Santiago, la comuna con más áreas verdes tiene 56 mts2 por persona, mientras que la que menos, solo tiene 1,8 mts2 por persona. El Ministerio del Medio Ambiente, en su informe del Medio Ambiente de 2011, muestra la desigualdad de áreas verdes en las comunas de Santiago, en este caso Vitacura y el Bosque. El dato coincide con que la primera es una de las comunas con más altos ingresos por persona en la capital, mientras que El Bosque es una de las comunas con más bajos ingresos por persona en Santiago.
Esto es una muestra de la segregación social y de las inequidades de acceso a bienes y servicios en nuestras ciudades. No sólo se trata de la escasez en determinadas áreas, sino en cómo se distribuyen.
Las áreas verdes cumplen diversas funciones económicas, ambientales y sociales: capturan el carbono, protegen la biodiversidad, mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura urbana, mejoran la calidad de vida de la población y favorecen la integración social. Además, estudios internacionales (Lachowycz K 2011- 21014; Stark JH 2014; Ghemire R. 2015) demuestran que la carencia de áreas verdes, está directamente relacionada con enfermedades mentales, mayores tasas de sedentarismo, sobrepeso y obesidad.
Las personas tenemos derecho a vivir en ciudades igualitarias, con áreas verdes equitativamente distribuidas en el territorio.
La Nueva Constitución debe garantizar la igualdad de acceso a infraestructuras, equipamientos, áreas verdes y servicios públicos de calidad.
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Derecho a la Vivienda
En América Latina el derecho a la vivienda está consagrado en 18 de 20 países en su Constitución. En Chile no.
La Nueva Constitución de Chile debe asegurar el derecho a la vivienda adecuada.
El derecho a la vivienda es uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y posteriormente, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Naciones Unidas, que hace vinculante los derechos humanos en cada Estado. Chile suscribió este pacto en 1969, lo ratificó en 1972 y promulgó en 1989 mediante los decretos 326 y 778 del mismo año.
Respecto al derecho a la vivienda, el artículo 11.1 del PIDESC declara que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
A pesar de lo establecido en este y otros tratados internacionales ratificados por nuestro país, que consagran el derecho a la vivienda adecuada, en Chile este derecho no está incorporado en ningún instrumento legal ni constitucional. Al respecto, en julio del 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en sus observaciones al cuarto informe periódico de Chile, indicó que “reitera su preocupación sobre la falta de reconocimiento constitucional de algunos derechos económicos, sociales y culturales”.
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Derecho a la Vivienda Adecuada
La Nueva Constitución debe asegurar el derecho a la Vivienda Adecuada.
Según el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la vivienda adecuada, debe cumplir con siete requisitos:
Seguridad jurídica de la tenencia: garantizar la protección legal a la tenencia -no solamente a la propiedad- contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas.
Gastos soportables: Velar por que los gastos de la vivienda sean conmensurados en relación a los niveles de ingreso de la familia.
Habitabilidad: Garantizar en la vivienda condiciones de seguridad, espacio, protección del clima y la salud.
Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura como el acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y el alumbrado, eliminación de desechos, entre otros.
Asequibilidad: derecho a poder contar con un lugar seguro donde vivir, incluido el acceso a la tierra como derecho.
Localización: Viviendas bien localizadas, con acceso equipamientos y servicios y construida en lugares no contaminados.
Adecuación cultural: Garantizar el respeto y la expresión de la identidad cultural y del modo de vida.
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Derecho a participar de las plusvalías
Numerosas Constituciones incorporan este derecho bajo los principios de justicia social y control de la especulación. ¿Qué son y cómo se generan las plusvalías?
Los impuestos que pagan la ciudadanía y las empresas contribuyen a financiar las actividades del Estado a fin de promover el desarrollo nacional.
Los recursos de los que dispone el Estado se destinan, entre otros fines, a inversiones públicas, tales como infraestructura sanitaria, de transporte, equipamiento de salud, educación, áreas verdes, construcción de caminos, puertos y aeropuertos.
Las inversiones públicas y las decisiones de planificación como el límite urbano (suelo rural a urbano), uso de suelo (Vivienda, comercio, industria, servicios) y vialidad, generan un orden y satisfacen necesidades de las comunidades urbanas.
Estas inversiones y decisiones generan un aumento del precio del suelo y de las propiedades, al mejorar las condiciones preexistentes. Este aumento se denomina “plusvalía”. Salvo algunas excepciones, en Chile, las plusvalías son captadas exclusivamente por los propietarios.
Una adecuada gestión de la recuperación de plusvalías y su aplicación en la ciudad, socializa los beneficios de la valorización del suelo y crea un mecanismo permanente de política pública de mejoramiento urbano.
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Derechos en el desarrollo urbano y territorial.
El desarrollo de nuestras ciudades y territorio debe estar guiado por principios, derechos, obligaciones y potestades que aseguren el bien común, la igualdad de derechos, así como la conservación del medio ambiente, áreas naturales y especies.
Actualmente no sucede así, lo que ha generado desigualdad y segregación social, reflejada en problemas como: el alto costo de tiempo para trasladarse, la inequidad en el acceso a infraestructura y equipamientos públicos, zonas habitadas fuertemente contaminadas o la falta de acceso a nuestro patrimonio natural.
El primer conjunto de derechos que debe asegurar el desarrollo urbano y territorial son los Derechos Humanos. Estos otorgan la igualdad de derecho a toda persona y se basa en el derecho a una vida digna. Para ello, cada persona tiene diversos derechos, algunos de ellos directamente relacionados con la ciudad y el territorio como: el derecho a la vivienda, a vivir en un medio ambiente sano y seguro, a la propiedad, al patrimonio natural y cultural, a la libertad de opinión y a la información, y a participar en los asuntos públicos.
Para asegurar estos derechos y principios el Estado debe contar con las atribuciones suficientes para regular el desarrollo de nuestras ciudades y el territorio, y revertir las carencias existentes.
La nueva Constitución debe asegurar un desarrollo sostenible supeditado al bien común y al ejercicio de los derechos humanos
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Derecho al patrimonio natural y cultural
Los recursos naturales y el patrimonio natural y cultural son uno de los bienes comunes que son resguardados en las constituciones de diversos países, con el fin de protegerlo, conservarlo y preservarlo, para asegurar el derecho a disfrutar de este patrimonio y poder legarlo a las generaciones futuras.
Existen diversos compromisos internacionales ratificados por Chile, que se comprometen al resguardo del patrimonio natural y cultural; sin embargo contamos con numerosos sitios y patrimonio material e inmaterial en peligro de desaparición.
Los valores paisajísticos, naturales y culturales forman parte esencial de la identidad de nuestras comunidades, por ello es fundamental considerar dichos valores en nuestras ciudades y territorio, consagrando en la nueva la Constitución:
– Derecho a vivir en un medio ambiente seguro y sano.
– Derecho a disfrutar de los espacios naturales.
– Proteger el patrimonio cultural y natural, y promover su conocimiento y salvaguarda.
– Asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, garantizando un desarrollo equilibrado económica, social y ambientalmente.
– En nuestro país existen diversos grupos indígenas que buscan vivir de acuerdo a sus principios y valores; diversidad cultural que debe ser considerada como patrimonio de todos.
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Instrucciones
GUÍA DE DISCUSIÓN
El presente juego de postales tiene como objetivo reflexionar sobre los principios, derechos, obligaciones y potestades necesarias para la nueva Constitución de Chile y cómo se resolverían los conflictos urbanos y territoriales actuales en un marco constitucional diferente.
- Repartir entre los asistentes las postales por grupos o individualmente. Dejar unos minutos para leer la postal y su explicación.
- Animar a la discusión a través de uno o varios de estos ejercicios:
– Explicar al resto del grupo la postal que a cada uno o cada grupo le tocó.
– Explicar porqué cree que es importante incorporar el contenido de la postal en la Nueva Constitución.
– Explicar un conflicto urbano local a partir de la postal que le correspondió.
– Explicar cómo serían nuestras ciudades y territorio si contáramos con los principios y derechos indicados en la lámina que le correspondió.
– Explicar qué otros principios y derechos incorporarían en la nueva Constitución para conseguir mejores ciudades y territorio.
Nos gustaría conocer las reflexiones que se realicen. Escríbenos o envíanos un comentario a la nuestra página de Facebook o envíanos un correo. ¿Quieres que vayamos a tu grupo, comunidad u organización? Contacta con nosotros.